*** Sin Ley de Seguridad Interior, esta ciudad ha tenido presencia militar desde 2014, pero la violencia ha ido en aumento
*** En los últimos tres años, se contabilizan alrededor de 400 crímenes y 250 desapariciones forzadas, en una población de 31 mil habitantes
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Chilapa de Álvarez Gro. 06 de diciembre de 2017.- Aunque no había “Ley de Seguridad Interior”, Chilapa fue militarizado desde el año 2014, cuando detonó su crisis de violencia e inseguridad, llegando a los más crueles asesinatos con escenas de terror inimaginables: descuartizados, incinerados, violaciones brutales, desollados, etcétera.
Tres años después, el municipio registra los más altos niveles de homicidios y desapariciones forzadas, a tal grado que organismos civiles de derechos humanos y familias de víctimas, han solicitado una declaratoria de crisis humanitaria.
El inicio de la violencia
Después del miércoles 9 de julio de 2014, el municipio vivió uno de los pasajes más negros de su historia; una balacera entre civiles armados y la Unidad de Fuerzas Estatales (UFES). El saldo hasta la fecha se desconoce con precisión, aunque los habitantes afirman que hubo “decenas de muertos”, más de 40, dicen.
Según el Gobierno Estatal que en ese entonces encabezaba Rogelio Ortega Martínez ante la ausencia de Ángel Aguirre Rivero que se separó del cargo luego del caso Iguala, reportó que 11 civiles armados y un policía perdieron la vida.
Los vecinos de la cabecera municipal han dicho que en los más de 480 años que lleva de vida esta municipalidad, “jamás se había suscitado algo similar”.
En ese entonces, el presidente municipal Francisco Javier García González, señalado por tener nexos con el crimen organizado, pidió al gobierno estatal y federal el envío de las fuerzas federales de seguridad.
La federación respondió casi de inmediato al gobierno priista, enviando decenas de efectivos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) y Policía Federal, en su denominación Gendarmería. En ese entonces, esta última corporación estaba recién creada y el gobierno de Enrique Peña Nieto la anunciaba con gran expectativa.
Por su parte, el gobierno estatal aportó más policías estatales, y se iniciaron operaciones conjuntas para disminuir los índices de violencia. A su vez, los grupos criminales conocidos como “Los Rojos” y “Los Ardillos”, incrementaban su poderío, la disputa por el territorio y se extendían poco a poco.
Durante todo ese tiempo se registraron decenas de “levantones”, ejecuciones, balaceras y todo tipo de violencia que se traducía en constantes escenas de terror. La Gendarmería, militares, policía estatal y municipal, no han mostrado resultados efectivos hasta la fecha.
Del 9 al 14 de mayo del 2015, Chilapa vivió otro de sus días más negros. Ahora, civiles armados bajo la autodenominación de “Policías Comunitarios”, sitiaron la cabecera municipal y se llevaron por lo menos a 30 personas, en presencia de militares y Gendarmería. Las víctimas nunca aparecieron y hasta este día, sus familias los siguen buscando.
La Secretaría de Seguridad
En ese entonces, un militar retirado originario de Chilapa, de nombre Job Encarnación Cuenca, era el Secretario de Seguridad Pública. La estrategia del Gobierno Federal y Estatal era clara: posicionar a personas con adiestramiento militar, al frente de las áreas encargadas de seguridad.
Pero al ex militar, lo supuestos policías comunitarios provenientes de los pueblos del sur (limítrofes con Quechultenango y Mochitlán), territorio dominado por “Los Ardillos” que lideran hermanos del conocido perredista y entonces diputado local, Bernardo Ortega Jiménez, lo acusaron de tener nexos con sus contrarios, “Los Rojos”, grupo al que en la actualidad se le conoce como “Los Jefes”.
El alcalde García González no tuvo otra opción que removerlo del cargo pero en su lugar puso a Juan Suastegui Epifanio, propuesta de los policías comunitarios “Por la Paz y la Justicia”, que habían tomado la ciudad y, pusieron condiciones para retirarse, pese a haber desaparecido a varias personas.
La designación tuvo el aval del Gobierno del Estado y, a su llegada a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en noviembre de 2014, el General Brigadier de Estado Mayor, Pedro Almazán Cervantes mantuvo el control de la Secretaría de Seguridad de Chilapa con Suastegui al frente.
Almazán cumplió recientemente tres años en el cargo, siendo ratificado por la administración de Héctor Astudillo Flores, y ha sido señalado de intentar militarizar todas las Secretarías de Seguridad de los municipios de Guerrero.
En Chilapa, actualmente el cabildo mantiene su propuesta, un agente estatal llamado Abdón Castrejón Legideño, luego de que en 2016 Héctor Astudillo pidiera la destitución de Suastegui Epifanio por su relación con los comunitarios de los pueblos del sur de Chilapa.
Y mientras han transcurrido estos cambios en la Secretaría de Seguridad de Chilapa, se han lanzado varios operativos que no han regresado la paz en esta zona. Policías Federales Gendarmeria y Estatales han sido enviados por temporadas, pero en el caso del Ejército se ha mantenido la presencia militar, e incluso ha sido permanente un retén en la entrada y salida hacia Tixtla y Chilpancingo.
Cerca de ese punto, han sido hallados varias personas ejecutadas, incineradas o descuartizado.
Datos de las ONG’s
Por la terrible violencia registrada en los últimos tres años, nació la Asociación de los Padres y Familiares de Desaparecidos, conocido como “Colectivo Siempre Vivos”, liderados por el profesor José Díaz Navarro.
Navarro denunció que a pesar de que militares y los gendarmes estaban presentes, entre el 9 y 14 de mayo de 2015, se registró la desaparición forzada de al menos 30 personas.
La versión es reforzada por el Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, que encabeza Manuel Olivares Hernández, y que ha trabajado de manera conjunta con las familias de las personas desaparecidas.
“Mientras cientos de militares y policías van y vienen, aun recordamos como del 9 al 14 de mayo del 2015, aún con la presencia de elementos de la gendarmería, militares, policías estatales y municipales, un grupo de civiles armados tomó la Ciudad de Chilapa y en presencia de policías y militares desaparecieron a más de 30 personas”, reza un comunicado enviado recientemente a esta redacción, a propósito de la Ley de Seguridad Interior impulsada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Esa postura también expone que la militarización en Chilapa no es nueva, “prácticamente desde que apareció el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en 1994, los militares se desplegaron por toda la región, torturando a los hombres principalmente de comunidades del municipio de Ahuacuotzingo, violando sexualmente a 2 mujeres me`phaa de una comunidad del municipio de Atlixtac a principios de diciembre, los derechos humanos de la población indígena principalmente fueron conculcados por los militares, con mayor crueldad en 1997 al combatir a la guerrilla del EPR y, de hecho los militares nunca regresaron a sus cuarteles”.
Diez años después, advierte el Centro “Morelos”, en el 2006 al declarar la guerra contra las drogas, se reactiva la presencia del ejército, “supuestamente para dar seguridad a la población pero contrariamente a lo que se dijo, el problema de las desapariciones y la ejecuciones cobra cifras alarmantes y hoy son decenas de víctimas directas y mayor el número de víctimas indirectas”.
De hecho, para la población de Chilapa no pasan desapercibidas las últimas visitas del gobernador Héctor Astudillo Flores, resguardado por cientos de militares y agentes de la Policía Estatal.
En cambio, por la razón que sea, los militares y agentes federales o estatales no intervinieron en la desaparición masiva de mayo de 2015, por lo que el caso ha sido llevado a las instancias internacionales de derechos humanos.
Los datos del colectivo Siempre Vivos indican que de 2014 a la fecha se han registrado alrededor de 400 muertes violentas, producto de la guerra entre carteles del narcotráfico, y 250 desapariciones.
El conteo de este medio de comunicación indica que tan sólo en este año, 2017, la cifra es de 236 crímenes, y se ha podido constatar que en muchos de los casos, los victimarios se dan el tiempo de prender fuego a sus víctimas en calles o avenidas céntricas, o frente a sitios concurridos como la terminal de autobuses, sin que ninguna autoridad, incluido el Ejército, intervenga. (Agencia Periodística de Investigación)
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