*** Ex funcionarios omisos y cómplices buscan nuevos cargos de elección popular; acusan
Bernardo Torres/API
Chilpancingo, Gro. 11 de Abril del 2018.- Candidatos a cargos de elección popular del presente proceso, le apuestan a la invisibilización del fenómeno de la desaparición y desplazamiento forzado, pues ninguno habla de las consecuencias de la violencia en sus discursos; lamentaron organismos defensores de derechos humanos.
Al presentar el Informe final de la Misión de Observación a Chilapa y Chilpancingo, que efectuaron los días 19 y 20 de septiembre de 2017, las organizaciones nacionales e internacionales que estuvieron en Guerrero, criticaron que hasta ahora ningún candidato ofrezca propuestas sobre cómo frenar esta ola de violencia.
Coincidieron en que la algidez de las campañas electorales, la guerra sucia y los debates entre candidatos van a borrar del escenario las consecuencias que está dejando la violencia en Guerrero y pareciera que es lo que conviene a los tres niveles de gobierno, que nadie hable del tema.
Manuel Olivares Hernández, director del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, quien ha dado seguimiento al desplazamiento de comunidades de Chilapa y Zitlala, expuso que es evidente que los candidatos obedecen a grupos políticos y delictivos que controlan los territorios en la entidad.
Estos actores políticos, insistió “por las buenas o por las malas” han pactado ya con los grupos de la delincuencia organizada, haciendo a un lado la defensa de los derechos de la población, a la salud, la educación, la vivienda y la vida.
Es claro este hecho, continuó en el municipio de Chilapa, donde el presidente municipal con licencia, es funcionarios y ex diputados están buscando nuevos cargos de elección popular, cuando su participación para frenar la violencia en la zona fue nula y hasta han sido cómplices por omisión de los grupos criminales.
Lamentablemente, dijo, la ola de violencia no va parar en este municipio, y otros que se encuentran a su alrededor, porque las políticas de los gobiernos estatal y federal, están enfocadas en la militarización y el despliegue policiaco, que se ha probado en varias ocasiones que no ha funcionado.
Es preocupante también, dijeron, que a pesar de reiteradas visitas de organismos de alto nivel, no hay respuesta por parte de las autoridades estatales a los llamados para reunirse y plantearle propuestas para atender el fenómeno de la desaparición y desplazamiento forzado.
Desde el 19 de septiembre del año pasado, primero por el sismo que ocurrió en esa fecha, no se ha podido concretar una audiencia con el gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, mientras las cifras de asesinatos, desapariciones, secuestros y desplazamiento de comunidades crecen incesantemente. (Agencia Periodística de Investigación)