Bernardo Torres/API
Chilpancingo, Gro. 03 de Abril del 2018.- Por el burocratismo en dependencias del Gobierno de Guerrero y la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el apoyo a las víctimas de la violencia sigue sin fluir, denunció el director del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Manuel Olivares Hernández.
Tras una reunión que sostuvieron este jueves en Chilpancingo con el secretario de Educación, José Luis González de la Vega y de la CEAV, Luis Camacho Mancilla, el activista dijo que no hay avances, y la respuesta a las demandas estancada.
Al secretario de Educación, le solicitaron que se otorguen becas a más de 100 niños desde nivel preescolar hasta medio superior, que se encuentran desamparados, tras haber perdido a sus padres, ya sea porque están desaparecidos o fueron asesinados.
Sin embargo la respuesta de las autoridades fue que tienen que apegarse a la normatividad, y quienes ya cuentan por algún tipo de apoyo se les niega este apoyo extra, cuando en un principio el compromiso era que serían “becas especiales”.
“En ese sentido, nosotros si urgimos en que se haga una propuesta, porque a pesar de que exista la Ley General de Víctimas, parece que no se está tomando en cuenta, ninguna norma puede estar por encima de la Constitución, ni por encima de los Derechos Humanos”, dijo.
La situación más grave, explicó, la están viviendo los hijos de los desplazados por la violencia, quienes definitivamente se encuentran en el abandono, sin acceso a la vivienda, la salud y mucho menos la educación.
Insistieron en que hay una total negativa de Luis Camacho Mancilla, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quien no ha dado cuenta de los 19 millones de pesos que le fueron asignados a este organismo, parte del cual era para apoyar directamente a las víctimas de la violencia.
“Estamos entrando a los cinco meses de este ejercicio fiscal, y no sabemos a dónde van a ir a parar estos recursos, que se suponen es para el Fondo de Atención a Víctimas, y esto lo decimos porque el Colectivo de Chilpancingo ha solicitado un espacio donde se pueda dar atención lúdica y psicológica”.
Manuel Olivares, también fijó su postura respecto al posible nombramiento de José Antonio Bonilla Uribe como Fiscal General del Estado, quien dijo, es un personaje con mucho tiempo dentro de esta dependencia y no ha mostrado la mínima atención a los colectivos de desaparecidos. (Agencia Periodística de Investigación)
API Guerrero
