*** Este lunes inició la demolición de 32 viviendas que presentaban daños estructurales
Bernardo Torres/API
Chilpancingo, Gro. 25 de Junio del 2018.- El Fraccionamiento “Nuevo Mirador”, construido al sur de Chilpancingo, y que se erigió como la corona del “Plan Nuevo Guerrero” lanzado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tras la devastación que dejaron la tormenta tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid” en 2013, se convirtió en un emblema de la corrupción, y ahora está siendo demolido.
582 viviendas, de más de mil que se construirían para igual número de familias de varias colonias de Chilpancingo que perdieron su patrimonio por las lluvias, fueron edificadas en un terreno arcilloso, que fue adquirido en el doble de su costo, y ahora la mayoría presenta graves daños estructurales, que amenazan la vida de sus habitantes.
Cuando un departamento similar al que les fue entregado a los damnificados por los fenómenos meteorológicos tienen un costo en esta ciudad de 300 mil pesos, a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), le han costado más de 600 mil pesos, por obras de estabilización de taludes, que exhiben que el terreno no era apto para esta construcción.
A principios del año pasado, un dictamen de la Secretaría de Protección Civil del Estado, arrojó que en el fraccionamiento ya no se podía construir ni una vivienda más, luego de que 32 casas, una manzana completa, comenzara a sufrir hundimientos, cuarteaduras, que las hicieron inhabitables y determinaron que deberían de ser demolidas.
La Sedatu buscó mediante demandas ante la Procuraduría General de la República (PGR) que la empresa se hiciera responsable de la demolición y de la nueva edificación de las casas, pero un año después no obtuvieron ningún resultado, y ante la gravedad de la situación que ponía en riesgo a otras 40 viviendas, no tuvo más opción que asumir el gasto.
Sin recursos, buscaron la intervención del Gobierno de Guerrero, quien destinó tres millones de pesos, para efectuar la demolición, la cual comenzó este lunes 25 de junio, concretando de esta manera el fracaso del Plan Nuevo Guerrero, y exhibiendo la corrupción que hubo desde la adquisición de los predios y la asignación de las obras.
En Agosto del año pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP), inhabilitó por un periodo de 10 años, al ex delegado de la Sedatu en Guerrero, Héctor Vicario Castrejón, luego de que Auditoría Superior de la Federación (ASF) le comprobó una serie de irregularidades en la compra de predios para reubicar a los damnificados.
32 viviendas correspondientes a una manzana completa del fraccionamiento están siendo demolidas con maquinaria pesada, pues presentaban graves daños estructurales y amenazaban con derrumbarse sobre una manzana contigua, habitada por 40 familias.
El resto del fraccionamiento, no se encuentra nada mejor, pues desde la entrega de la primera etapa en 2015, las deficiencias se hicieron evidentes; los departamentos presentan cuarteaduras que se han ido agravando con los sismo, filtraciones de agua y problemas en el drenaje.
El proyecto no fue ejecutado ni en un 30 por ciento, faltaron por construir 500 viviendas, no hay servicio de agua potable, transporte público, no se concretó la construcción de un centro escolar multinivel y una unidad deportiva.
El fraccionamiento no cuenta con accesos carreteros y sólo se llega hasta ahí mediante una brecha de terracería que fue improvisada, pues un puente que lo conectaría con la Autopista del Sol, sigue sin ser terminado, y tiene problemas legales con los dueños del terreno donde fue construido.
Las familias que ahí habitan, no tienen más opciones que soportar las malas condiciones de vida a las que fueron orillados por los actos de corrupción de las autoridades, y tienen que sortear diariamente las inclemencias del clima, lluvia, calor, sismos, y la falta de servicios tan básicos como el agua potable.
Consultados al respecto algunos vecinos, comentaron que tienen que comprar un tinaco de agua cada tres días en 100 pesos, lo que significa un gasto mensual de mil pesos, además de problemas para llevar a sus hijos a la escuela.
Una vez terminada la demolición de las 32 viviendas, nada se podrá construir en ese espacio, señalan los dictámenes, por lo que las 500 familias algunas vez se les prometió un Nuevo Guerrero, se han quedado sin esperanzas. (Agencia Periodística de Investigación)