Bernardo Torres/API
Chilpancingo, Gro. 18 de Julio del 2018.- Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos de México, celebraron la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de dos elementos del Ejército Mexicano, que en 2002 violaron a la joven indígena Me´phaa, Valentina Rosendo Cantú.
El pasado 01 de junio, la juez Iliana Fabricia Contreras Perales emitió una sentencia condenatoria contra los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca, por los delitos de violación y de tortura sexual contra Valentina Rosendo Cantú ocurrida en el año 2002.
Para las organizaciones que han dado seguimiento y abanderado el caso, esta sentencia decretada desde un estado azotado por la impunidad y las violaciones a los derechos humanos impone límites a los abusos militares y se establece como un referente en beneficio de las mujeres víctimas de tortura sexual en el país y en la región mesoamericana.
En conferencia de prensa que ofrecieron representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en México, el Observatorio Nacional de Feminicidios, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro de Derechos Humanos Agustín Proh, celebraron el resolutivo y reconocieron la lucha de las indígenas Inés y Valentina.
La investigación por los hechos se inició ante la justicia militar en México, donde la denuncia interpuesta no prosperó. Por ello, luego de un largo proceso ante el Sistema Interamericano, el 31 de agosto del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia contra el Estado mexicano.
Este órgano ordenó a México 16 medidas de reparación, dentro de las cuales se señaló investigar los hechos en el fuero civil y proceder a identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables, para así garantizar el acceso a la justicia de Valentina Rosendo Cantú.
Inés Fernández Ortega, otra de las indígenas que fue violada en esas mismas fechas, exigió que se tomen las mismas consideraciones en su caso por parte de la justicia mexicana, y se juzgue a los responsables de su violación “Eh sufrido muchísimo estos 16 años, no ha sido fácil para mí pero sigo de pie en esta lucha”.
Por su parte, Valentina Rosendo, expuso que durante 16 años buscó en la justicia de su municipio, en la justicia mexicana y no la encontró, por lo que tuvo que acudir hasta instancias internacionales para que finalmente se lograra una sentencia de 19 años en contra de sus dos agresores.
“Tuve que salir de mi pueblo a buscar justicia, el gobierno siempre me tacho de mujer mentirosa, me humilló, me discriminó, en mi municipio, en todo México no encontré justicia, solo amenazas contra mi familia y mis abogados, fui a otros países”, dijo.
Una lucha heroica, la de Inés y Valentina: ONG´s
Para Alan García, representante del alto comisionado de la ONU para la defensa de los DDHH, se trata de un logro, gracias a una lucha heroica que dieron las dos mujeres indígenas, quienes se sobrepusieron a todos los estereotipos de la justicia y de la sociedad mexicana, por su determinación para defender la verdad durante 16 años.
Son pioneras, dijo, en el reclamo de justicia, al ser las primeras mujeres en elevar su reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), justicia que les fue negada en todos los espacios públicos del país, y que lograron que una verdad material, se convirtiera en una verdad jurídica.
María de la Luz Estrada, quien forma parte del Observatorio Nacional del Feminicidio, en representación de 43 organizaciones del país que se aglutinan, reconoció la lucha de las dos mujeres, para que los 16 años de lucha y dolor no queden en el olvido, y es un caso que sienta un precedente en México, para que estos casos no se sigan repitiendo.
Recordó de como una crisis de violencia contra las mujeres originada en Ciudad Juárez, Chihuahua, se extendió a todo el país, un país donde en la actualidad apenas el 10 por ciento de las agresiones sexuales son denunciadas, y apenas en un 2 por ciento cuando se trata de agresores que son servidores públicos.
Gabriela Carrión, abogada de Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro”, destacó que la documentación de estos casos ha llevado a descubrir la necesidad de apoyar a otras mujeres que han sido objetos de agresiones de índole sexual, además de que se ha descubierto en México una tendencia a utilizar las violaciones como un método de sometimiento de la mujer.
En un país en donde el 72 por ciento de las quejas ante Derechos Humanos son de índole sexual, reveló, los protocolos aplicados por la SCJN, no dan prioridad a las mujeres y ni siquiera en protocolo de Estambul que se aplica en México cuenta con atención de perspectiva de género. (Agencia Periodística de Investigación)
API Guerrero
