Bernardo Torres/API
Chilpancingo, Gro. 18 de Julio del 2018.- La Comisión de la Verdad para esclarecer el caso Ayotzinapa, ordenada por un magistrado, debe concretarse en el periodo que resta de la administración de Enrique Peña Nieto, de lo contrario caería en desacato a la ley, manifestó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández.
Luego de que colectivos de desaparecidos del país, hicieran un planteamiento de que debe haber una Comisión de la Verdad que integre a todas las víctimas, Abel Barrera refirió que en el caso Ayotzinapa, se trata de la resolución de un tribunal “no es algo que tenga que ver con la figura que se ha tenido en otros países hechas con expertos independientes, sino que esto forma parte de una resolución judicial”.
Aunque dijo, que la decisión la tendrá el próximo gobierno, si quiere integrar una comisión que aglutine a todas las víctimas, pero se trataría más de una salida política a esta problemática, que también deberá atender Alejandro Encinas.
En este momento, en el caso de los padres y madres de los 43, es una exigencia al actual gobierno de Enrique Peña Nieto de conformar esta comisión que es un mandato judicial, y a la cual deberá asignarle presupuesto y una estructura, para dar con la verdad y hacer justicia a un caso que surgió durante su mandato.
“Esto es algo más allá de lo que pueda hacer el nuevo gobierno, ahorita hay plazos ya fijados de que se tiene que dar cumplimiento de acuerdo con las familias de los 43, este es otro tema ya la postura del nuevo gobierno de crear tras comisiones ya será otro asunto muy diferente”, explicó.
En caso de que la Comisión de la Verdad no se concrete en este periodo, la Procuraduría General de la República estaría incurriendo en un desacato judicial, por lo que está obligado a cumplir, aunque hay un recurso que interpusieron para que se revise, como muchos otros que ha interpuesto para evitar cumplir con estos mandatos.
“Esto tiene que dársele cumplimiento y no va haber de otra, que están buscando otro tipo de recursos la imposibilidad de dar cumplimiento, hay diferentes figuras jurídicas a las que están recurriendo, pero en verdad esta resolución se tiene que acatar”, reiteró.
La responsabilidad del próximo gobierno sería dar seguimiento a lo que deje avanzado esta comisión, y se debería respetar a quienes la hayan conformado, que en este caso serían los abogados de los padres quienes ayudarían también en la búsqueda de líneas de investigación, o en todo caso darle un mayor impulso. (Agencia Periodística de Investigación)
API Guerrero
