Vanessa Cuevas/API
Chilpancingo, Gro. 31 de Julio del 2018.- El procurador de Guerrero durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, Alberto López Rosas acudió al Congreso local para pedir avances del juicio político instalado en su contra desde el 2012, tras el asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa sobre la Autopista del Sol en diciembre del 2011.
López Rosas, quien fuera destituido del cargo tras el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, dijo que aún hay un juicio pendiente en su contra en el Congreso local desde el 2012, por lo que se dijo confiado que antes de que culmine la actual legislatura se le pueda dar un proceso a su caso.
Esto, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una denuncia de juicio político contra López Rosas cuando se encontraba como Procurador de Justicia del estado en el 2012, durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, por los hechos acontecidos del 12 de diciembre del 2011, sin embargo dijo las dos anteriores legislatura dejaron en la congeladora su caso.
El ex procurador dijo que pese a que ha aportado todos los elementos para demostrar que la CNDH estuvo equivocada afirmando que contribuyó para alterar la escena del crimen y los hechos, por lo que para tratar de justificar su función presentó denuncia de juicio político en el 2012, el cual hasta la fecha esta pendiente por ser resuelto.
Afirmó que esto no lo mantiene inhabilitado políticamente, señalando que la única inhabilitación que ha tenido fue en la administración del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, en 2009, la cual ganó en el Tribunal Colegiado de Circuito por ser un acto arbitrario.
López Rosas señaló que el pasado 11 de julio presentó ante la Comisión Instructora una solicitud de resolución para que su juicio político pueda quedar resuelto en la actual legislatura, por lo que continúa dando el trámite correspondiente para que su caso sea resuelto antes de que culmine la legislatura.
Se dijo confiado que esta legislatura sí pueda resolver su juicio político, ya sea a favor o en contra, pero ya dictaminando su caso, manifestando que tuvo su derecho de audiencia en su momento, entregando todas las pruebas necesarias, por lo que solo esta a la espera del resultado del juicio político en su contra.
Insistió en manifestar que hubo una alteración de la policía federal y de la CNDH, teniendo una postura que los alejó de la verdad de lo que sucedió el 11 de diciembre del 2011 en la autopista del sol.
Afirmó que demostró que se alteraron todas las evidencias para evadir las responsabilidades que tuvo la federación en ese momento, evitando con ello toda la cadena de custodia que se debió presentar, es decir, todas las evidencias que debieron haberse preservado en el lugar de los hechos.
“Todo se alteró con el propósito de desviar la investigación y de responsabilizar a las autoridades de la Procuraduría del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, sobre esos hechos”, acusó. (Agencia Periodística de Investigación)