*** “Ya no hay delitos que perseguir”; afirman
Juan Blanco/API
Chilpancingo, Gro. 06 de Noviembre del 2018.- Los padres de Gonzalo Molina González, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chilpancingo, lanzaron un ultimátum a las autoridades de justicia para dejar libre a su hijo, toda vez que, dijeron, ya no hay delitos que perseguir.
Este martes, familiares del activista se concentraron a las fueras de ese penal ubicado al sur de la capital guerrerense, en donde fijaron un pronunciamiento y exigieron al Gobierno Estatal y Federal la inmediata libertad de Gonzalo, preso desde hace 5 años.
El integrante de esa policía comunitaria fue detenido la tarde del 6 de noviembre de 2013 por agentes ministeriales adscritos a la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ahora Fiscalía General del Estado (FGE).
El arresto fue en cumplimiento de las órdenes de aprehensión que libró un juez a solicitud del Ministerio Público, a partir de la denuncia que el Ayuntamiento de Tixtla que presidía el entonces alcalde perredista, Gustavo Alcaraz Abarca, realizó contra integrantes de la CRAC, entre estos a Gonzalo Molina, por tomar las instalaciones de ese edificio edilicio el 26 de agosto de 2013 para demandar la libertad de la ex líder de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado García.
Al activista le imputaron delitos como privación ilegal de la libertad, terrorismo y lesiones en contra de servidores públicos, sin embargo, conforme avanza su proceso, sus acusadores han ido desistiendo.
Al no haber delitos que perseguir, el promotor de la CRAC en Tixtla ya debe estar en libre; consideró su esposa de nombre Ausencia Honorato Vázquez, puesto que sus compañeros arrestados también en aquel tiempo por las mismas causas, ya están fuera de la cárcel.
De acuerdo con los familiares, Gonzalo continúa preso porque se anteponen temas políticos promovidos por las propias autoridades estatales y federales.
Por su parte, Leonida González Hernández de 76 años de edad y Heliodoro Molina Isidro de 84 años de edad, padres del activista, denunciaron que cada vez que se disponen a visitar a su hijo, son discriminados y tratados como delincuentes por parte de los directivos del Cereso, mientras que a los que de verdad se dedican a realizar esas acciones los dejan ingresar sin ningún obstáculo.
Por último, los progenitores confiaron en que su hijo recupere su libertad lo más pronto posible, toda vez que se siguen presentando pruebas de su inocencia. (Agencia Periodística de Investigación)
API Guerrero
