noviembre 23, 2020

Apercibimiento del TEPJF al Congreso de Guerrero; da 3 días hábiles para reinstalar a Marco Leyva

*** En caso de incumplir nuevamente, habría sanción para cada uno de los 45 diputados que tendrían que pagar con recursos propios

Jonathan Cuevas/API

Chilpancingo, 21 de Junio del 2018.- La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el Congreso de Guerrero está vulnerando el ejercicio del derecho de Marco Antonio Leyva Mena, para desempeñar el cargo para el que fue electo (Presidente Municipal de Chilpancingo), y dio como plazo tres días hábiles para que sea reinstalado en la alcaldía.

De lo contrario, derivado de un acuerdo de la Sala por el incumplimiento de sentencia, los 45 diputados se harán acreedores en lo individual, “a la imposición de la medida de apremio y/o corrección disciplinaria consistente en una multa que deberá ser pagada de sus propios recursos”.

Este jueves 21 de Junio, los magistrados María Guadalupe Silva Rojas, María de los Ángeles Vera Olvera, Héctor Romero Bolaños y Armando I. Maitret Hernández (Presidente), de la Sala Regional del Tribunal Federal con sede en la Ciudad de México, resolvieron el incidente de incumplimiento de sentencia interpuesto por Marco Antonio Leyva Mena, en el marco del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

Lo anterior, producto de la negativa del Congreso del Estado de Guerrero para reincorporarlo al cargo y funciones de Presidente Municipal de la capital del Estado.

En la nueva resolución, el Tribunal hace un apercibimiento a cada uno de los diputados locales y al Congreso en lo general, para que en un lapso no mayor a tres días hábiles, emita el pronunciamiento correspondiente para reincorporar a su cargo y funciones al alcalde con licencia, “reincorporación que deberá ser inmediata, es decir, el mismo día en que el Congreso emita el pronunciamiento de referencia”, precisa el acuerdo.

Dentro de las 24 horas siguientes después de que se realice esa acción, el Poder Legislativo deberá informarlo a la Sala Regional y remitir copia certificada de la documentación que acredite su dicho.

La Sala Regional señala en su acuerdo que valora la conducta procesal del Congreso local al no haber desplegado las acciones necesarias para cumplir la sentencia en tiempo y forma, “lo que ha provocado que la violación al derecho del Incidentista (Leyva Mena) a ejercer el cargo de Presidente Municipal, se haya prolongado en demasía y sin una justificación suficiente para ello”.

El Tribunal recordó que el 25 de Mayo emitió la sentencia y se notificó al Congreso de Guerrero, ordenando emitir el pronunciamiento correspondiente para reincorporar a Marco Leyva, y el cuatro de junio, este mismo promovió el incidente por incumplimiento, por lo que se solicitó a la 61 legislatura local que informara sobre el cumplimiento de sentencia.

El seis de Junio que se cumplían ocho días hábiles después de la sentencia (ya en tiempo desfasado), el Congreso informó que ese día llevaría una reunión de trabajo para acatar la sentencia, sin embargo, el ocho de junio, el presidente municipal con licencia desahogó la vista reiterando el incumplimiento de la sentencia. El mismo día, la Sala requirió nuevamente al Poder Legislativo que informara sobre sus acciones para acatar lo ordenado.

El doce de Junio, el Congreso informó que un día anterior llevó a cabo una reunión en donde sometió a consideración el proyecto de dictamen para cumplir la sentencia. Luego, el día 14, se comunicó al Tribunal que no había fecha precisa para aprobar el proyecto de dictamen.

Para el día 18 se informó que al siguiente día, el 19, la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación aprobaría el dictamen, lo cual se notificó ya como un hecho el día indicado, por lo cual sería agendado para votación en Pleno la siguiente sesión de pleno que sería este jueves 21 de Junio, sin embargo, la Sala Regional precisa que no se envió la documentación necesaria para acreditar tal afirmación.

Por tanto, al considerar que “la obligación de acatar una sentencia es exigible a todas las autoridades, con independencia de si formaron o no parte de la relación procesal siempre que involucren la realización de actos que les corresponden por sus atribuciones”, se decidió dar un nuevo plazo y, en caso de incumplimiento, la sanción correspondiente.

“Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cumplimiento a cargo de las autoridades debe ser completo, sin retrasos indebidos ni obstaculizar su sentido y alcance”, indica el acuerdo.

Además, la Sala Regional del Tribunal Federal aclaró que se pudo cumplimentar la sentencia durante el periodo de receso, y que las justificaciones que emitió el Congreso para no reinstalar a Marco Antonio Leyva Mena, no son válidas porque tenía la opción legal de resolverse el caso con la Comisión Permanente o, citar a una sesión extraordinaria de pleno, lo cual nunca se tomó como opción. (Agencia Periodística de Investigación)

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