noviembre 23, 2020

Obstruye Gobierno de Astudillo el proceso legal entre la SSP y policías despedidos; denuncian

Bernardo Torres/API

Chilpancingo, Gro. 26 de Junio del 2018.- Elementos de la Policía Estatal que fueron despedidos de manera masiva el 30 de mayo de 2017, denunciaron que el Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, están obstruyendo el proceso legal que se lleva entre ambas partes, al negar que funcionarios comparezcan ante el juez federal que lleva el caso.

Hace unas semanas este grupo de policías hicieron una solicitud de audiencia al Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores para tratar su situación y buscar la mejor salida, pero sólo turnó su oficio al secretario de Seguridad Pública, pero tampoco los recibió, “Sólo nos respondieron con un documento que dice lo mismo, que estamos dados de baja”.

El documento con el que les respondieron su última solicitud de audiencia es el mismo que les fue presentado el 30 de mayo del año pasado, firmado por Francisco Solís Vegar, quien les notificó sobre su despido.

Este personaje, está actualmente siendo requerido por el Juez que lleva el caso, para que comparezca, sin embargo la respuesta del Gobierno del Estado es que esa persona no está dentro de su plantilla laboral, que no existe.

“Por eso queremos que se dé cuenta la población, que realmente lo que está pasando dentro del gobierno de Héctor Astudillo Flores, está tapando, está encubriendo, está poniendo piedritas en el zapato para que esto no avance, pero desde aquí en adelante ya queda en manos del juez federal”, adelantó.

Al negarse que esta persona acuda a comparecer, indicó, el Gobierno del Estado le está mintiendo a las autoridades federales, lo cual debe ser considerado para emitir a la brevedad posible una resolución a favor de los policías separados de manera irregular de sus funciones.

Por tal motivo, dijo, no cesarán en su exigencia a la Secretaría de Seguridad Pública de ser reinstalados en sus empleos, pues desde hace más de un año, no han cobrado sus quincenas, ni  bonos o prestaciones.

Ya la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHG) ha emitido dos recomendaciones al gobierno de Astudillo, para que los policías sean reinstalados, haciendo caso omiso, y sólo está pendiente la recomendación que emita la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El monto del adeudo con este grupo de alrededor de 120 policías que siguen en pie de lucha, asciende a más de 20 millones de pesos, por concepto de salarios, prestaciones y bonos, por lo que hicieron un llamado al gobernador intervenga a fin de que se hagan respetar los derechos de quienes fueron cesados de manera ilegal. (Agencia Periodística de Investigación)

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