noviembre 23, 2020

Omisas autoridades de Guerrero ante venta de niñas en municipios de la Montaña y Costa Chica; reclaman ONG’s

Bernardo Torres/API

Chilpancingo, Gro. 02 de Agosto del 2018.- Autoridades de Guerrero permanecen omisas y cómplices de la venta de niñas para el matrimonio en municipios de la Región de la Montaña y Costa Chica, denunció Hermelinda Tiburcio Cayetano, dirigente de la organización indígena Kinal Antzetik.

Entre los municipios donde esta práctica esta acentuada, y considerada como un derecho sobre las mujeres por los padres, están Metlatónoc, Cochoapa y Malinaltepec, en la Montaña, y Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca e Igualapa en la Región Costa Chica.

La venta de mujeres de 12 a 17 años, en dichos municipios ni siquiera es perseguido por las autoridades estatales y locales, las cuales incluso tienen conocimiento del caso y se prestan a oficializar los enlaces matrimoniales a los que son sometidas las niñas y adolescentes.

Las organizaciones sociales, a pesar de la intensión que tienen de informar y revertir este fenómeno cultural, pues en reitetadas ocasiones son amenazados por los comisarios, líderes o caciques de las localidades.

Los casos tampoco son denunciados, pues hay casos en los que los síndicos de los ayuntamientos fungen como conciliadores entre los padres y los tratantes, que mayoritariamente son de la misma comunidad, para ponerse de acuerdo en el precio por la menor, el cual puede ir de los 50 mil pesos hasta los 250 mil.

Para esta organización indígena, la situación es preocupante, dado que no se está persiguiendo la venta de niñas por el delito de trata de personas, es decir, las leyes no se aplican en las zonas indígenas, privando a niñas y mujeres de ejercer plenamente sus derechos.

Este fenómeno, no para en la venta de las niñas, sino que deriva en violencia durante toda su vida, en embarazos infantiles, que en los casos más graves llegan la muerte, por complicaciones al momento del parto.

La organización indígena Kinal Antzetik, ha recibido en Chilapa en los últimos años niñas embarazadas de 11 y 12 años, producto de matrimonios infantiles o violaciones, que no son denunciados por el temor de las víctimas a ser estigmazados en sus comunidades.

La violencia sexual contra menores, es un caso muy aparte, y muy acentuado en las zonas indígenas, donde la mayoría no son denunciados al ser los agresores familiares o líderes politicos, además de las dificultades para hallar traductores en los Ministerios Públicos.

Es más, expuso Marina Reyna Aguilar, la Norma 046 manifiesta que los hospitales están obligados a dar parte a los Ministerios Públicos, cuando se trate de embarazos de menores de edad, y dejar a la voluntad de la víctima si da seguimiento a la denuncia.

Ante este panorama el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, recomendó al Estado Mexicano, de garantice la aplicación efectiva del artículo 45 de la Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes, garantizando que la edad mínima de matrimonio de 18 años se refleje en todos los estados del país.

Asimismo, que se lleven a cabo campañas de sensibilización integrales para desafiar las actitudes culturales que legitiman al matrimonio precoz, especialmente en las zonas rurales, alejadas e indígenas. (Agencia Periodística de Investigación)

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