mié. Jun 26th, 2019

Exhorta el Congreso para evitar difusión de imágenes con contenido violento

Boletín

Chilpancingo, Gro., 05 de junio del 2019.- El Congreso de Guerrero
exhortó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Secretaría
de Gobernación, para que con base a las facultades que les otorga la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, generen acuerdos con
medios de comunicación impresa, digital o de radiocomunicación, a efecto
de evitar la publicación de fotografías o videos que muestren violencia; esto
con el propósito de proteger la integridad de las víctimas y sus familiares,
así como para combatir actos de morbo.

La propuesta fue llevada a tribuna en sesión de este martes por el diputado
Robell Urióstegui Patiño, del PRD, quien recalcó que con esto “no se
pretende cuartar la libertad de expresión, porque es un derecho humano;
por el contrario, se lucha por la libertad de expresión de ideas, opiniones e
información. Somos unos de los defensores de este derecho”.

Pero manifestó que la propuesta se deriva de una preocupación que
deviene de la situación actual que se vive a lo largo y ancho del país,
provocada por los efectos del combate a la delincuencia y los altos índices
de homicidios dolosos, mismos que son difundidos en diferentes medios de
comunicación tanto digital como impresa, generando que ese tipo de
información sea vuelva algo cotidiano, y lejos de informar, provoca morbo y
afectaciones a los familiares de las víctimas.

Por eso es urgente, dijo, crear protocolos para evitar en lo necesario exhibir
la fotografía de un cuerpo sin vida o desmembrado, que no se haga más
que la difusión de la crónica de los hechos, con lo que se cambiarán los
paradigmas de la comunicación, evitando que ese tipo de información
llegue a la juventud y niñez, ya que es una obligación protegerlos en
cuanto a su desarrollo humano, cívico y cultural.

Patiño Urióstegui recalcó que la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión establece en su Capítulo IV de los Derechos de las
Audiencias, la obligación de que los medios cuenten con códigos de ética
públicos y con defensores de las audiencias, por lo que quienes ejercen la
comunicación están obligados a cuidar los contenidos que publican.

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